El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que nueve de cada 10 presidentes municipales que se han separado de su cargo para ser investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) contaban con empresas constructoras que presuntamente obtenían contratos de obra pública de los propios Ayuntamientos.
Durante una rueda de prensa desde la Ciudad de México, el mandatario señaló que este esquema formaba parte de un modelo que calificó como “calle moche” o “calle milpa”, mediante el cual gobiernos municipales obtenían beneficios económicos a través de la ejecución de obras públicas.
Armenta sostuvo que las ganancias derivadas de la pavimentación y rehabilitación de vialidades terminaban directamente en los bolsillos de algunos funcionarios, al ser empresas vinculadas con ellos las que recibían los contratos.
En este sentido, destacó que su administración busca modificar la forma en que se realizan las obras de infraestructura en Puebla, particularmente en materia de pavimentación.
El gobernador también cuestionó el abandono que durante años tuvieron diversas vialidades de la capital poblana y su zona metropolitana, situación que, dijo, provocó que las calles acumularan baches por la falta de mantenimiento.
Como ejemplo, recordó que durante el gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez se planteó la meta de pavimentar mil calles, mientras que, de acuerdo con sus estimaciones, durante los primeros dos años de su administración se habrán atendido alrededor de 32 mil calles.
Armenta agregó que otro de los cambios implementados consiste en aprovechar materiales donados por Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que permite reducir considerablemente el costo de los trabajos y realizar las obras con un gasto equivalente a aproximadamente una tercera parte del que tendrían bajo otros esquemas.
El mandatario insistió en que este modelo busca evitar que la obra pública sea utilizada como mecanismo de enriquecimiento de funcionarios y priorizar que los recursos se traduzcan en infraestructura para la población.
