El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, acusó a Tv Azteca Puebla de haber recibido alrededor de 826 millones de pesos durante administraciones encabezadas por el PAN, recursos que, afirmó, influyeron en la cobertura que realizó la televisora sobre los problemas de inseguridad en el estado.
Durante la tercera emisión del programa Derecho a las Audiencias, el funcionario ejerció su derecho de réplica para responder a señalamientos relacionados con un supuesto incremento de la inseguridad durante la actual administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta Mier.
García Parra presentó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con las que buscó contradecir la narrativa de que la inseguridad se ha incrementado durante el actual gobierno. De acuerdo con la información expuesta, los delitos registraron una tendencia ascendente durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, mientras que actualmente se observa una reducción de 24 por ciento respecto al punto más alto registrado en 2019.
El funcionario también destacó acciones de seguridad implementadas durante la administración de Armenta, entre ellas la detención de objetivos prioritarios como El Bukanas, así como de nueve personas presuntamente relacionadas con el abandono de cuerpos en inmediaciones del Centro Expositor, previo a la Feria de Puebla 2025.
Durante su intervención, García Parra señaló que Tv Azteca Puebla no solo habría recibido contratos de publicidad por aproximadamente 50 millones de pesos anuales, sino también recursos adicionales relacionados con la organización del Festival de las Ideas.
El funcionario cuestionó que durante los gobiernos panistas se destinaran recursos públicos a la televisora y sostuvo que actualmente el medio pretende generar una percepción de mayor inseguridad entre la población.
García Parra lamentó que, desde su perspectiva, los recursos de los poblanos fueran utilizados durante las administraciones morenovallistas para beneficiar a medios de comunicación que ahora cuestionan las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno estatal.
