La fabricación, comercialización y uso de dispositivos que bloqueen señales de telefonía celular están prohibidos en México, con sanciones que pueden alcanzar hasta 18 años de prisión, de acuerdo con reformas a la legislación federal en materia de telecomunicaciones y al Código Penal Federal.
La normativa establece penas de 12 a 15 años de cárcel para quienes utilicen o comercialicen estos equipos de manera ilegal, mientras que los servidores públicos que incurran en estas conductas sin autorización expresa podrían enfrentar condenas de 15 a 18 años.
La única excepción contempla su utilización en centros penitenciarios, instalaciones de reinserción social y centros de internamiento para menores, siempre bajo las autorizaciones correspondientes.
Asimismo, se estableció un plazo de 30 días para que los particulares que posean estos aparatos los entreguen a las autoridades, los destruyan o los retiren del territorio nacional.
Con estas disposiciones, se busca evitar el uso indebido de tecnologías capaces de interrumpir las comunicaciones móviles, aunque su aplicación en centros penitenciarios ha generado debates sobre posibles afectaciones a usuarios que habitan en zonas cercanas.
